Introducción

Los objetivos de esta conferencia son:

2. Identificar los derechos sexuales y reproductivos y de salud de interés para la práctica de los profesionales de la salud en todo el mundo.
3. Revisar la evidencia disponible sobre estos derechos.
4. Con base en lo anterior, determinar los problemas y oportunidades relacionados con la incorporación de los derechos sexuales y reproductivos en la práctica clínica y en los programas de enseñanza.

Dos premisas básicas: “Procurar primero comprender y después ser comprendido” y “La cultura es muy importante para el contexto, no una razón para ignorar los derechos”.

Derechos sexuales y reproductivos en el mundo

El código de ética de la FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) establece que “Los derechos de la mujer en cuanto a salud sexual y reproductiva a menudo se ven afectados, no necesariamente por falta de conocimientos médicos, sino más bien como consecuencia de infracciones básicas a los derechos humanos de la Mujer, que también violan acuerdos básicos y universales sobre las responsabilidades técnicas y éticas de los profesionales a cargo de su cuidado”.

En la Convención Internacional sobre Desarrollo y Población, efectuada en el Cairo en 1994, se reconoció que la pobreza y la desigualdad son una gran barrera que enfrentan las mujeres y niñas, que las conducen a tener: sexo forzado y no protegido; matrimonios tempranos; embarazos adolescentes; falta de acceso a la contracepción; embarazos no deseados; abortos inseguros y mayor riesgo de HIV/SIDA y otras enfermedades de trasmisión sexual.

Los objetivos del desarrollo del milenio son:

2. Erradicar la extrema pobreza y el hambre.
3. Lograr la educación primaria universal.
4. Promover la igualdad de géneros y empoderar a las mujeres: este punto es crítico para mejorar todos los otros objetivos.
5. Reducir la mortalidad infantil.
6. Mejorar la salud materna.
7. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
8. Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
9. Crear una asociación mundial para el desarrollo.

El quinto objetivo, mejorar la salud materna, es esencial para la FIGO y los profesionales de la salud a cargo del cuidado femenino. Este objetivo forma parte del derecho a la vida de las mujeres, ya que establece que éstas no deberían fallecer durante el embarazo y propone reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015; además, establece que 90% de los nacimientos deberá ser atendido por personal de salud capacitado en el año 2015, objetivo específico que ya se alcanzó en Chile.

En el año 2007 se agregó un nuevo objetivo: lograr el acceso universal a la salud reproductiva en el año 2015, con la tasa de prevalencia de uso de contracepción como indicador. Asimismo, en el año 2007 se cumplieron 20 años de la iniciativa internacional “maternidad segura”, que comenzó en 1997 en varios países del mundo “esperando que las vidas de las mujeres sean valoradas lo suficiente para salvarlas”. En los últimos 20 años, 10,5 millones de mujeres han muerto durante el embarazo; 315 millones han sobrevivido con complicaciones, como la fístula; 80 millones de niños han muerto en las primeras cuatro semanas de vida; 80 millones más nacieron muertos y 420 millones de mujeres en el mundo tuvieron abortos no seguros.

Es importante recordar que cuando muere una madre las tasas de mortalidad infantil se duplican, de modo que su muerte también impacta en el derecho a la vida de sus hijos. Las cifras globales indican que la tasa de mortalidad materna no ha disminuido desde 1994; de hecho, las proyecciones actuales para algunos países del África subsaharina establecen que ese objetivo no se va a alcanzar para 2010, sino cien años después. Por otra parte, todavía 40% de las mujeres del mundo tienen su parto sin ayuda de personal preparado para asistirlo. Se sabe que las muertes maternas se reducirían en 73% si se lograra 99% de cobertura en intervenciones clave, dirigidas a controlar los problemas que más contribuyen a la mortalidad materna: hemorragia, infección, trabajo de parto detenido y abortos no seguros, entre otros (Wagstaffand Claeson, 2004).

El informe que se elaboró en el año 2007 sobre mortalidad materna en Latinoamérica y el Caribe entre 1997 y 2002 indica que las cifras han variado levemente en términos de las causas más frecuentes, pero las hemorragias siguen siendo importantes; las enfermedades hipertensivas son las que más contribuyen a la muerte materna en esta región y los abortos no seguros y el parto detenido siguen siendo significativos.

Se sabe que la pobreza es un hecho crítico y que las cifras de cuidado prenatal, que son similares a las de atención del parto por personal especializado, es menor en las mujeres más pobres. Entre las recomendaciones que existen a nivel internacional está lograr que el acceso a la salud materna e infantil no tenga costo en ningún aspecto; además, se espera que esto se extienda al cuidado obstétrico de emergencia, es decir, que todas las personas tengan acceso al cuidado del parto complicado sin necesidad de endeudarse.

En un análisis de una muestra de alrededor de 200 países de distintas áreas del mundo, en el que se compararon varios parámetros de salud materna y perinatal, como el promedio de nacimientos por mujer, promedio de nacimientos por mujer de 15 a 19 años, muertes maternas, atención especializada del parto, políticas de aborto y mortalidad infantil, se clasificó a los países en alto riesgo, riesgo moderado, riesgo leve y riesgo inferior. Las cifras más bajas en todos estos aspectos se encontraron en Suecia, país que tiene un nivel significativamente alto de derechos reproductivos, seguido por Canadá; después se ubicaron Argentina, Chile, China y Malasia. La mortalidad materna en Chile, según la cifra disponible en el momento de este análisis (probablemente ahora es menor) fue 31/100.000 nacidos vivos, mucho mejor que en otros países del mundo y de la región; en cambio, la tasa de embarazos en adolescentes de 15 a 19 años sigue siendo alta.

Evidencia disponible sobre derechos reproductivos

Según los informes de la OMS, cada año se producen 240 millones de concepciones, de las cuales: 60 millones, es decir un cuarto de ellas, se pierden durante el primer trimestre en forma espontánea; 42 millones terminan en aborto, la mitad legales y la mitad ilegales; en 3 millones de casos el producto es un mortinato; finalmente, 135 millones de estas concepciones dan como resultado un nacido vivo. Por otra parte, 80 millones de mujeres por año tienen embarazos no deseados o no atendidos; 42 millones abortan, la mitad en forma no segura y de esos 20 millones, 40% ocurre en menores de 25 años. Alrededor de 68.000 mujeres mueren como consecuencia de abortos no seguros, lo que se relaciona con la pobreza y la falta de derechos de las mujeres en general. Cabe señalar que sólo 4 países del mundo no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia: Chile, El Salvador, Nicaragua y Malta. El análisis de la incidencia anual mundial, estimada, de abortos no seguros muestra que entre los países de alta prevalencia están todos los de Latinoamérica, África y partes de Asia; México tiene tasas menores, pero aún elevadas (Fuente: WHO, 2007).

Un hecho interesante es que algunos de los países que tienen alta tasa de abortos peligrosos tienen también altas cifras de uso de anticonceptivos por parte de mujeres casadas en edad reproductiva, lo que sugiere que una cosa es tener acceso a la contracepción y otra es utilizarla en forma efectiva (Fuente: UN, World Contraceptive Use 2005). Por otra parte, existe una brecha significativa entre los países del norte y del sur en cuanto a la legislación sobre las razones para permitir el aborto (Fuente: United Nations 2001).

Los mitos sobre el aborto son:

• Mito 1: restringir el aborto reduce el número.
• Mito 2: El debate es sobre estar a favor o en contra del aborto.
• Mito 3: La abstinencia hasta el matrimonio es una opción confiable.
• Mito 4: Tratar a las mujeres en forma despreciativa reduce el número de abortos.

La realidad sobre el aborto es que:

• Restringir el aborto y el acceso a los anticonceptivos causa aumento de la mortalidad materna por abortos inseguros y multiparidad.
• Es muy difícil diferenciar entre las mujeres que se presentan con abortos incompletos espontáneos y aquellas que se presentan con abortos inducidos.
• La mortalidad infantil también se relaciona con el período intergestacional y con la morbilidad y mortalidad maternas.
• Las menores tasas de aborto se observan en los países con acceso a la educación, que entregan educación sobre la sexualidad y servicios de contracepción en forma integral, además de permitir el acceso a aborto legal y seguro.

Un ejemplo claro de lo anterior es la experiencia de Rumania: Cuando la legislación se volvió restrictiva, no solamente en términos del aborto, sino también en cuanto a acceso a anticoncepción, la mortalidad materna por aborto aumentó en forma notable hasta que se puso fin a la restricción, con lo que dicha mortalidad bajó inmediatamente.

También se debe considerar que el aborto inseguro tiene un costo muy elevado, ya que consume hasta la mitad del presupuesto hospitalario para obstetricia y ginecología en los hospitales de ingresos bajos y medios, que se dedican a tratar las complicaciones de esta práctica. En dos estudios que se hicieron en Nigeria, en tres años de experiencia los costos aumentaron de 11,7 millones a 19 millones.

El tema del aborto es muy sensible y controvertido en países como Chile; sin embargo, hay consenso en que es necesario reducir el número de embarazos no deseados, el número de abortos y la mortalidad materna, que globalmente ha cambiado muy poco en los últimos quince años. También hay consenso en que el aborto es una realidad y que es una causa importante y evitable de mortalidad y morbilidad materna. La FIGO ha recibido solicitudes de ayuda de países miembros que tienen ambientes restrictivos, y las Federaciones Regionales de Obstetricia y Ginecología representadas en la FIGO han identificado como punto de acción, lograr el acceso al aborto dentro de los límites de la ley y evitar el aborto en condiciones de riesgo. Algunos países de Asia, Oceanía y África han establecido esto como prioridad.

David Grimes planteó que el aborto es un tema de salud pública y como tal, se puede abordar a nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria incluye, según este autor, la educación en salud sexual, la anticoncepción, la legislación sobre el aborto a petición, el uso de técnicas más seguras y la mejoría de las técnicas que se ofrecen. En Chile no todo esto es aplicable, pero cada país debe aplicar las medidas que considere adecuadas. En el nivel secundario de prevención está el tratamiento oportuno y apropiado de las complicaciones y en el terciario, el traslado oportuno al hospital cuando hay riesgo vital. El grupo de trabajo de la FIGO que trabaja en la prevención del aborto inseguro, cuyo presidente es el Profesor Aníbal Faúndez, de Chile, está haciendo un análisis de situación a partir del cual elaborará planes de acción en más de 50 países que colaboran con IPPF, UNFPA, WHO, Ministerios de Salud, Ipas y otros. La idea es que cada país conozca su cifra de abortos inseguros, determine las causas y aplique las medidas necesarias, dentro de su propio contexto, para reducir esta práctica y sus consecuencias.

El derecho de la mujer a vivir libre de violencia

Se ha designado el 25 noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El informe 2007 de Naciones Unidas establece que el ejercicio del liderazgo es esencial para poner fin a la violencia contra la mujer. La violencia y discriminación de género es un problema de salud pública, que viola los derechos humanos de las mujeres y las niñas. En el ámbito sexual, la violencia comienza con la selección del sexo del recién nacido, a través del feticidio femenino y continúa con: la educación y alimentación diferencial; la mutilación genital; el abuso sexual; el tráfico de mujeres y niñas; el matrimonio infantil; los asesinatos “por honor”; la violencia íntima de las parejas; los embarazos y abortos obligados; la “limpieza virginal” del VIH; la violación de las mujeres con discapacidades; la violencia sexual en conflictos armados y la falta de equidad en el acceso a la salud para niñas y mujeres. Cada país tiene sus propios problemas de violencia sexual.

La información disponible indica que, en el mundo, ocurre un feticidio cada minuto, la mayoría en Asia y países grandes, como China e India; 50% de los ataques sexuales ocurren en niñas menores de 15 años; entre 11 y 32% de las mujeres sufren abusos sexuales en la infancia; las mujeres con embarazos no deseados tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir violencia; entre 3 y 31% de las mujeres que han tenido alguna pareja han sufrido abuso físico por parte de un compañero íntimo; finalmente, en Sudáfrica una mujer es asesinada por su pareja cada seis horas, lo que constituye una causa significativa y no comunicada de mortalidad materna.

En cuanto al derecho a la libertad y seguridad de las personas, las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual: las mujeres y las niñas son el grupo que crece más rápidamente en seropositividad. En 1997, 41% de los adultos que vivían con VIH/SIDA en el mundo eran mujeres entre 15 y 49 años; en el año 2003 la proporción aumentó a 50% (60% en África subsahariana) y la cifra continúa creciendo; de hecho, en 2005, 76% de los jóvenes VIH positivo de entre 15 y 24 años de edad eran mujeres.

Finalmente, el matrimonio precoz o infantil viola una serie de derechos: el derecho a la educación; el derecho a ser protegida contra toda forma de abuso físico o mental, incluido el abuso sexual y todas las formas de explotación sexual; el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; el derecho a educación e información y orientación profesional; el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas; el derecho al descanso, al esparcimiento y a participar libremente en la vida cultural; el derecho a no ser separada de sus padres en contra de su voluntad; el derecho a la protección contra todas las formas de explotación que afecten a cualquier aspecto de su bienestar.

Elaborando desafíos como oportunidades: derecho al acceso a atención de salud

El acceso a la salud es parte de las metas del desarrollo. 201 millones de mujeres en el mundo quisieran usar anticonceptivos, pero no pueden acceder a ellos y esto es especialmente significativo para la población adolescente, ya que las mujeres jóvenes, de 15 a 24 años, representan un tercio de las necesidades no satisfechas; además, la mitad de la población del mundo tiene menos de 25 años de edad, un quinto tiene entre 10 y 19 años, la gran mayoría vive en países en desarrollo y muchas de estas personas están casadas, es decir, nos hemos olvidado de sus necesidades y derechos de salud sexual y anticoncepción.

El enfoque de las demoras en el cuidado obstétrico esencial plantea que, en lo que se refiere a salud reproductiva, debe existir: acceso a información y servicios; sensibilización o conciencia de su necesidad; disponibilidad cuando sea necesario; servicio asequible y servicio aceptable. Está claro que hay fallas importantes en cuanto a acceso, no sólo por el tema geográfico, sino por falta de información entendible; las mujeres que viven en comunidades rurales deben encontrar a alguien que cuide de sus hijos y sus deberes domésticos para poder ir a un hospital, de modo que para ellas el servicio no es asequible ni aceptable. Las barreras para el acceso son múltiples y se encuentran dentro de las propias mujeres y sus familias y en la comunidad, cultura, religión, educación, recursos financieros, transporte y actitudes. A esto se suma la falta de conciencia, las barreras geográficas y las debilidades del sistema de salud en cuanto a recursos humanos, instalaciones, agua, electricidad, fármacos, insumos, equipos y transporte desde el nivel primario de atención de salud hacia el siguiente nivel.

El diagrama de Welsh es un mapa de los siete tipos de barreras médicas que existen al interior de los sistemas de salud. Primero están las barreras entre el proveedor y el sistema, que actúan como “obstáculos de proceso”; luego está: el sesgo del proveedor; las regulaciones restrictivas; los requerimientos inapropiados para acceder a servicios clínicos; el mal manejo de los efectos secundarios y las contraindicaciones, que muchas veces no se basan en la evidencia disponible. A nivel del sistema puede haber regulaciones o reglamentaciones restrictivas, por ejemplo, sobre quién puede administrar la ocitocina (M.J. Welsh, Best Practice and Research, Clinical Obstetrics and Gynecology).

Evidencia sobre la práctica con base en derechos

Para que los derechos de las personas sean plenamente respetados durante la práctica clínica cotidiana, es decir, para que el respeto a los derechos se traspase desde el sistema a los individuos, es fundamental que los profesionales de la salud sepan cuáles son los derechos relevantes en la práctica diaria y tengan una actitud y una posición definida y clara con respecto a ellos; así podrán ser parte de la solución y no parte del problema. Los profesionales de la salud deben definir su actitud frente a métodos anticonceptivos, posición en el parto y cesárea; deben tener claro quién toma las decisiones, si éstas se basan en la evidencia y si son apropiadas desde el punto de vista cultural.

El derecho a la seguridad de las personas se viola con frecuencia, como lo han demostrado algunos estudios de la OMS y otros organismos en los que se ha detectado que muchas veces las actitudes de los profesionales de la salud no son respetuosas y, en algunos casos, son discriminatorias y abusivas. El Dr. Kamini Rao, de la India, ha dicho: “Es tan fácil pedir permiso a una mujer antes de hacerle un examen pélvico… con eso se le demuestra respeto y no cuesta nada”.

La FIGO ha establecido las responsabilidades profesionales y éticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos, en un documento al que se puede acceder en Internet. Como antecedentes, la salud sexual y reproductiva es un tema de preocupación global y urgente, puesto que: la mortalidad y morbilidad de las mujeres es el resultado de su rol en la reproducción; estos índices aumentan cuando se enfrentan a una situación de inequidad; en general son inaceptablemente altos; y esto se puede prevenir. Para ello, la FIGO establece, en su código de ética, que el profesional debe cumplir con tres elementos: competencia; respeto por la autonomía y confidencialidad de los pacientes; y responsabilidad hacia la comunidad.

El derecho a la educación e información incluye la obtención del consentimiento informado, que permite efectuar una toma de decisiones más equitativa. Por otra parte, el profesional puede ejercer la objeción de conciencia, pero con ciertos límites: un médico tiene derecho a preservar su propia moral o valores religiosos, pero esto no lo autoriza a imponer sus valores personales a una paciente mujer; en esas circunstancias, debe remitir a la paciente a otro proveedor de servicios de salud. Además, la objeción de conciencia no exime al médico de la obligación de tomar medidas de inmediato ante una emergencia y asegurarse de que el tratamiento necesario se entregue sin demora. Se sabe que la relación médico paciente basada en el respeto aumenta la adhesión al tratamiento, incluyendo aquellos tratamientos por VIH/SIDA y que en 71% de los casos que han ocasionado un litigio se cita como causa la mala comunicación.

El derecho a los beneficios del progreso científico implica aplicar los avances producidos por la investigación y, a la vez, evitar prácticas que tengan beneficios cuestionables, como la ecografía de rutina, que no se asocia a cambios en términos de reducción de la mortalidad perinatal, o la episiotomía de rutina, que aumenta los riesgos y no mejora el estándar de cuidado. Asimismo, la vacuna contra el virus papiloma ha sido aprobada en 85 países y su uso va en aumento, pero esto no se basa en la evidencia, de modo que hay que analizar cómo se presentará la información a los padres, a los adolescentes y a quienes hacen las políticas y las leyes. Con respecto a la fertilización in vitro, se sabe que la transferencia de embriones únicos tiene menos riesgo y es más eficiente, pero esto por lo general no se comunica a la familia.

Otros ejemplos de avances en la investigación incluyen: la anticoncepción de emergencia; el concepto de que el procedimiento de dilatación y curetaje bajo anestesia general no es el estándar para el aborto incompleto; y el concepto de las drogas esenciales que deben estar disponibles según la lista de la OMS, como misoprostol, sulfato de magnesio y fármacos antirretrovirales.

La práctica rutinaria de la episiotomía profiláctica fue promovida en 1920 por De Lee, con el argumento de que evitaba el sufrimiento de las mujeres, protegía el piso pélvico y evitaba que el feto sufriera lesiones cerebrales; sin embargo, la evidencia muestra que los desgarros de tercer grado son más probables cuando se usa la episiotomía en forma rutinaria y solamente los desgarros anteriores aumentan levemente cuando se utiliza este procedimiento en forma restringida.

La cesárea es motivo de controversia. En algunos países de África subsahariana las tasas de cesárea son menores de 1%, debido a la falta de acceso, mientras que en la práctica urbana, tanto privada como pública, las tasas son muy altas: más de 70% en la práctica privada y entre 30 y 50% en la práctica pública. Se dice que la información disponible sugiere que la mortalidad materna y perinatal es más baja, entre 15 a 25%, pero esa información no es sólida. En un estudio regional latinoamericano, se encuestó a una muestra de mujeres del sistema público y privado sobre su preferencia para la vía del parto y se encontró que las primíparas preferían el parto vaginal, al igual que las multíparas que no han tenido cesáreas previas; sólo las multíparas con al menos una cesárea previa preferían que su próximo parto fuera por cesárea (Potter et al, BMJ 2001).

El balance entre beneficios y complicaciones de la cesárea ha sido motivo de intenso debate, pero en un metaanálisis de 79 estudios aleatorios y observacionales en los que se comparó la cesárea electiva planificada con el parto vaginal planificado, se encontró que el riesgo sobrepasaba significativamente los beneficios en cuanto a mortalidad materna, lo que se consideró en las guías 2003 del NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence).

El derecho a la vida

El derecho a la vida incluye el derecho a la prevención y tratamiento del cáncer de cuello uterino, por cuya causa una mujer muere cada dos minutos, en el mundo. En Latinoamérica es el cáncer más común en las mujeres y en algunos países es la causa más común de muertes en mujeres de 22 a 64 años de edad.

Existe un grupo de trabajo que se llama “Combatiendo el Cáncer Cervical”, que se formó a partir del Llamado Global para Detener el Cáncer, efectuado por un Comité Coordinador de una serie de entidades involucradas en el tema, entre las cuales figura la FIGO, en octubre de 2007. Se sabe que el cáncer cervical es un tema complejo y que en cada país se debe hacer un manejo local, adaptado a los recursos disponibles y a una serie de otros factores.

El enfoque de la FIGO, que está orientado a prevenir las tragedias de la salud femenina, se ha plasmado en la creación de cinco comités: salud segura de la madre y recién nacido; fístula; oncología ginecológica; derechos reproductivos y sexuales de la mujer; y ética. Los grupos de trabajo, que ya se mencionaron, son tres: prevención del aborto inseguro y sus complicaciones, combatiendo el cáncer cervical y violencia de género/HIV; este último está pendiente, por las razones que se han explicado. Se está dando énfasis a desarrollar las capacidades de las sociedades miembros para ser eficientes dentro de sus propios países. FIGO también forma parte de la Alianza para la Salud Materna, del Recién Nacido y del Niño (The Partnership for Maternal, Newborn and Child Health), junto a muchas otras organizaciones.

Las intervenciones se basan en la evidencia de derechos y necesidades insatisfechas: acceso a los servicios de salud reproductiva, especialmente para la juventud; contracepción; enfermedades de transmisión sexual, incluyendo HIV; y prevención del aborto no seguro. Además se trabaja en la prevención de la mutilación genital femenina; en la prevención de la infección por virus papiloma y el screening y tratamiento del cáncer cervicouterino; y en lograr el tratamiento integral de las víctimas de violencia sexual.

Desafíos y oportunidades: puntos de influencia

A nivel individual, cada persona debe determinar su área de influencia y lo mismo se debe hacer a nivel de la comunidad, las religiones organizadas, las convenciones, las instituciones académicas, las organizaciones profesionales, las ONG, los grupos activistas, etc. Lo que se debe hacer es:

• Discutir y adaptar, o adoptar, el documento de la FIGO “Responsabilidades profesionales y éticas en relación a los derechos sexuales y reproductivos” y se debe generar discusión y debate, de lo contrario no va a cumplir con su objetivo.
• Lograr una participación igualitaria de las mujeres en el liderazgo político, tanto en los países como en las organizaciones de gíneco-obstétricas.
• Generar conciencia de que la violencia es inaceptable.
• Entregar servicios integrados a las niñas y mujeres que han sido víctimas de ataques sexuales.
• Negarse a participar en procedimientos de mutilación genital femenina, ni siquiera con la idea de reducir el daño.
• Apoyar programas de intervención.

La FIGO ha sido muy activa a través del Comité de salud del recién nacido (SMNH), que ha difundido intervenciones eficaces y de la Iniciativa para la Prevención de la hemorragia postparto (POPPHI), que ha hecho una declaración sobre la cesárea, contribuyendo a la toma de conciencia del público. Entre las intervenciones efectivas están:

• La instauración de 4 visitas antenatales que comiencen antes de las 22 semanas para detección y prevención de malaria, VIH, sífilis, tétanos, etc.
• La atención profesional del parto.
• El cuidado de emergencia obstétrico y neonatal básico, incluyendo el acceso al aborto dentro de los límites de la ley y el cuidado post aborto.
• El amamantamiento.
• El cuidado postparto, incluyendo al recién nacido, y la contracepción.

El derecho a la salud reproductiva es la base que posibilita todos los otros derechos humanos y, aunque es difícil promover un enfoque basado en derechos, es muy importante trabajar en ello, porque si no modelamos actitudes y comportamientos que empoderen a las mujeres ¿quién más lo hará y qué mensaje enviamos? Y si guardamos silencio cuando los derechos de la mujer no se respetan ¿qué mensaje se recibe?

La visión de la FIGO es que las mujeres serán valoradas igual que los hombres, los derechos de ambos serán respetados, las mujeres no tendrán causas de muerte prevenibles relacionadas con la salud reproductiva y sexual y la violencia de género se eliminará… “Todas las mujeres, en todas partes, cuentan”.

Para finalizar, una cita de Benito Juárez, Presidente de México entre 1858 y 1872: “Entre las naciones, como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la Paz”.

La edición y publicación de esta conferencia han sido posibles gracias al auspicio de GlaxoSmithKline

Medwave. Año VIII, No. 5, Junio 2008. Derechos Reservados.