Revista Biomédica Revisada Por Pares
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Este es un período de gran agitación nacional en Chile. ¿Por qué? Se cumplen cuarenta años del golpe militar que terminó con el gobierno constitucional y democrático del presidente Salvador Allende. Ese día, la sede de gobierno Palacio de La Moneda fue bombardeada, y Allende se suicidó.
En las semanas que han precedido este 11 de septiembre, como nunca antes en nuestro país hemos sido testigos de una intensa conversación pública, con discusión, debates, denuncias, opiniones, declaraciones, recuerdos, y tantas otras cosas, de parte de tantas personas, agrupaciones e instituciones, sobre lo que significó el golpe sobre nuestra alma nacional y lo que vino después: las violaciones a los derechos humanos en una escala abominable. No habíamos visto un aniversario 11 de septiembre de 1973 con tal connotación como este cuadragésimo.
Una gran fuerza en resignificar el pasado ha venido de las generaciones más jóvenes, precisamente aquellos que nacieron en democracia. Por no sentir el agobio de lo que significó el miedo y el terror, tienen hoy la libertad de mirar el pasado y deplorar aquello que ocurrió, sin temor que se pueda generar una regresión autoritaria en Chile. La generación de estudiantes que salió a las marchas en 2011 reclamando por educación pública y gratuita y que protagonizó incluso huelgas de hambre1,2, se está pronunciando con fuerza moral y convicción republicana.
Al cumplirse 40 años del golpe de estado encabezado por el general Augusto Pinochet, se torna necesario recordar la participación de los médicos y su orden profesional en este capítulo de la historia de Chile, muy especialmente en lo que corresponde a la violación sistemática de los derechos humanos3,4.
El 4 de septiembre de 1970, el Dr. Salvador Allende triunfó en las elecciones presidenciales y fue ratificado luego por el parlamento cumpliendo lo establecido por la Constitución vigente.
Su gobierno fue sometido desde el comienzo a una gran oposición entre las que destacó el Colegio Médico de Chile, que apoyó activamente las movilizaciones contra el gobierno, y convocó a paro médico, llegando incluso a pedir la renuncia del Presidente de la República.
En el período posterior al golpe de estado, el Colegio y sus autoridades hicieron caso omiso de las numerosas denuncias de graves atropellos a los derechos fundamentales que ocurrían en el país y que afectaban, incluso, a numerosos médicos. Tampoco se preocuparon de investigar la participación de miembros de la orden en casos de tortura contra personas detenidas por las fuerzas de seguridad. Esto fue comprobado por la FAS (Federation of American Scientists) que visitó el país en junio de 19745 y en 2012 fue descrito en el libro “La Danza de los Cuervos” de Javier Rebolledo6.
En 1981, se dictó la Ley de Asociaciones Gremiales7 que aunque suprimió muchas atribuciones de los colegios profesionales - como la colegiatura obligatoria, la tuición sobre la ética, el derecho a participar en la política de salud pública y otras - al menos permitió la elección de sus directivas, las que, entre los médicos, no se realizaban desde 1971.
La primera directiva así elegida fue encabezada por el Dr. Juan Luis González Reyes, quien asumió un firme compromiso de defensa de los derechos humanos y especialmente de combatir el flagelo de la tortura que en esa época ya era sistemática y generalizada. Es así que se revisó y perfeccionó el Código de Ética8, incorporando en su texto las declaraciones de las Naciones Unidas y la Asociación Médica Mundial sobre protección de las personas y la Declaración de Tokyo de 1975 contra la tortura9. En 1985, se incorporan normas éticas relativas a la atención médica de personas detenidas.
En 1983, el Colegio acogió a investigación una denuncia de tortura presentada contra un médico militar por una persona detenida por la CNI (Central Nacional de Informaciones). Luego de catorce meses de proceso el Dr. Carlos Pérez Castro fue encontrado culpable de participación en los hechos y fue sancionado con la suspensión de sus derechos gremiales por un año10,11. Era la primera vez en Chile que un médico era sancionado por un acto semejante por parte de su Orden profesional. Hasta ese momento y pese a que la tortura era generalizada y sistemática, nadie había recibido sanción por ninguna institución del país.
Entre otras importantes iniciativas realizadas ese año destacan la entrevista del Dr. González Reyes con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia al que se le hizo entrega de evidencia documentada sobre casos de tortura solicitando su intervención en ello; también una declaración pública llamando al gobierno a que terminara con esta práctica y advirtiendo que el Colegio no se prestaría para defender a médicos que incurrieran en ella*.
En mayo de 1984, el Colegio Médico compareció ante el congreso norteamericano para dar a conocer los antecedentes que implicaban a profesionales médicos en actos de tortura y las acciones que se llevaban a cabo para terminar con este flagelo12.
En julio de ese año se entregó al gobierno un proyecto de “Código de conducta para funcionarios encargados del cumplimiento de la ley” a fin de prevenir su participación en esta práctica13.
En 1985, se recibieron dos graves denuncias de participación médica en casos de tortura con resultado de muerte de las víctimas. La primera ocurrió en 1979 y afectó a un profesor detenido por Carabineros y entregado a la CNI. De este proceso resultó la expulsión del Colegio de los doctores Luis Losada Fuenzalida y Manfred Jurgensen Caesar. Un tercer médico, el Dr. Camilo Azar Saba fue suspendido por seis meses de sus derechos gremiales14,15
El otro caso sucedió en La Serena en octubre de 1984 y la víctima fue un trasportista que falleció en el hospital de la ciudad como consecuencia de las lesiones recibidas en un recinto de la CNI. En este proceso se sancionó con expulsión al Dr. Guido Díaz Paci, y suspensión por seis meses al Dr. Víctor Carcuro Correa16,17.
Es necesario y triste decir que estas personas continúan ejerciendo la profesión y que la única sanción que han recibido hasta ahora ha sido la mencionada.
En marzo de 1986, el Colegio Médico de Chile fue galardonado por la prestigiosa Asociación Americana para el Avance de las Ciencias (AAAS) con su premio anual “A la libertad científica y responsabilidad por su lucha profesional y humanitaria contra la práctica de la tortura en el país”18,19.
Si bien todo lo descrito fue importante se puede decir que la mayor contribución de los médicos y su colegio profesional en la defensa de los derechos humanos fue su participación relevante en la “Asamblea de la Civilidad”, conjunto de más de veinte organizaciones de distinto tipo que lideró la oposición a la dictadura en ese período y que convocó a la gran huelga nacional del 2 y 3 de julio de 1986 por la “Demanda de Chile” y cuya represión significó numerosas víctimas (caso “quemados”, entre otros20) y el encarcelamiento de su directiva durante más de cuarenta días, entre ellos los doctores Juan Luis González y Francisco Rivas21.
Todas estas acciones fueron despertando la conciencia nacional y culminaron con el triunfo de las fuerzas democráticas en el plebiscito de 1988 que impidió la continuación de Augusto Pinochet en el gobierno y abrió nuevas esperanzas de cambio y superación de los horrores vividos.
La Revista ha considerado imprescindible recordar estos hechos. Esta es una historia que nos llama a todos a construir en conjunto una sociedad con sentido de comunidad nacional y en donde nunca más vuelvan a ocurrir hechos así.
* No hay registro disponible de la entrevista ni de la declaración pública.
El doctor Sergio Pescio declara ser miembro del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile. Declara no tener otros conflictos de intereses.
Frente al contenido de este artículo editorial, la doctora Vivienne C. Bachelet declara haber sufrido la muerte en la Cárcel Pública de su tío en 1974, el general Alberto Bachelet; haber sufrido la detención de su padre en 1975; y de haber vivido en autoexilio por vínculo familiar con su padre durante ocho años a partir de 1976. Declara no tener otros conflictos de intereses.
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Autores:
Sergio Pescio[1], Vivienne C. Bachelet[2]
Citación: Pescio S, Bachelet VC. 40 years after the coup d’état in Chile…. Medwave 2013;13(8):e5787 doi: 10.5867/medwave.2013.08.5787
Fecha de envío: 9/9/2013
Fecha de aceptación: 10/9/2013
Fecha de publicación: 11/9/2013
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Nombre/name: Gloria Iribarne
Fecha/date: 2013-10-04 19:07:38
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Felicitaciones por tener las fortalezas de recordarnos como nos desestructurarón nuestras juventudes ... en la plenitud de nuestras inquietudes, el miedo ... terror fue paralizante para nuestra sociedad de manera tan trágica y tan permanente .
Los costos persisten hoy en niveles cotidianos a veces tan imperceptibles , no obstante están instalados , en la salud , la educación , lo intelectual ...el arte .
por nombrar programas de culto como Cristián Warnken ya no están en televisión .... Las Cesáreas innecesarias se sucitaron en los toques de queda para no asistir partos intempestivos por las noches ... en fin aún nos quedan fuerzas para dar energÃas a las memorias y quizás instar a los cambios necesarios y nunca olvidar , es importante que las historias no se repitan de manera tan arbitraria .
MIS FELICITACIONES NUEVAMENTE para Sergio Pescio y Vivienne Bachelet . Lamento no leer más comentarios .
Vivan los valientes .
Nombre/name: Patricio Herrera
Fecha/date: 2013-10-07 09:56:57
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La declaración de conflictos de interés no hacen desaparecer el conflicto.
Nombre/name: Vivienne Bachelet
Fecha/date: 2013-10-07 18:30:13
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Asà es, Dr. Herrera.
Remito la declaración del ICMJE al respecto (http://www.icmje.org/roles_b.html), polÃtica a la cual Medwave adhiere:
"Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journals:
Roles and Responsibilities of Authors, Contributors, Reviewers, Editors, Publishers, and Owners: Author Responsibilities—Conflicts of Interest
Public trust in the scientific process and the credibility of published articles depend in part on how transparently conflicts of interest are handled during the planning, implementation, writing, peer review, editing, and publication of scientific work.
A conflict of interest exists when professional judgment concerning a primary interest (such as patients < welfare or the validity of research) may be influenced by a secondary interest (such as financial gain). Perceptions of conflict of interest are as important as actual conflicts of interest.
Financial relationships (such as employment, consultancies, stock ownership or options, honoraria, patents, and paid expert testimony) are the most easily identifiable conflicts of interest and the most likely to undermine the credibility of the journal, the authors, and of science itself. However, conflicts can occur for other reasons, such as personal relationships or rivalries, academic competition, and intellectual beliefs. Agreements between authors and study sponsors that interfere with the authors’ access to all of a study’s data or that interfere with their ability to analyze and interpret the data and to prepare and publish manuscripts independently may represent conflicts of interest, and should be avoided.
1. Participants
All participants in the peer-review and publication process—not only authors but also peer reviewers, editors, and editorial board members of journals—must consider their conflicts of interest when fulfilling their roles in the process of article review and publication and must disclose all relationships that could be viewed as potential conflicts of interest.
a. Authors
When authors submit a manuscript of any type or format they are responsible for disclosing all financial and personal relationships that might bias or be seen to bias their work."
Agradezco que hay comentado este editorial.
Vivienne Bachelet
Editora, Medwave
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Panel: los desafíos de las políticas de salud en América Latina y El Caribe
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